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Titularidad y gestión de la Sede

La Sede Judicial Electrónica del Gobierno de Cantabria es titularidad del Gobienro de Cantabria, quien garantiza la integridad y actualización de la información facilitada, así como el acceso a los servicios disponibles online en la misma.

La responsabilidad de su gestión se encuentra distribuida en:

  1. Gestión tecnológica:  que tiene por objeto la gestión tecnológica, administración y su mantenimiento evolutivo, adaptativo y correctivo, correspondiendo a la Dirección General de Organización y Tecnología de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria.
  2. Gestión de servicios y contenidos: que teniendo por objeto gestionar la los servicios puestos a disposición de los ciudadanos y profesionales en la Sede Judicial Electrónica, compete  a la Dirección General de Justicia de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria.
Lista de certificados electrónicos admitidos

La lista de certificados electrónicos admitidos en la Sede es la siguiente:

  • DNI electrónico
  • ANF
  • FNMT, FNMT APE, FNMT Administración Pública
  • ACA
  • ANF
  • CamerFirma (RACER, Camerales, AAPP)
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia

El Pleno del Congreso de los Diputados, el 16 de abril de 2002, aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, como proposición no de ley, el texto de la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia, que establece un catálogo de derechos de los usuarios de la Justicia.
 

La Carta se divide en cuatro apartados, dedicado el primero de ellos al desarrollo de los principios de transparencia, información y atención adecuada, destacando la importancia de conseguir una administración de justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar.

La segunda parte se centra en la necesidad de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la administración de justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos: víctimas de delitos y, en especial, de violencia doméstica y de género, menores de edad, personas con discapacidades físicas o psíquicas, extranjeros inmigrantes. Para todos ellos se debe asegurar la aplicación de los principios de la Carta.

Un tercer apartado se dedica a las relaciones
de los ciudadanos con los Abogados y Procuradores.


Por último se cierra con una previsión relativa a su eficacia, proclamando su exigibilidad a Jueces y Magistrados, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, personal al servicio de la Adminitración de Justicia Abogados, Procuradores, graduados sociales y demás personas e Instituciones que cooperen con la Administración de Justicia, recomendando a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de sus postulados. Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia

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